martes, 19 de abril de 2011

Telefónica del 98


Cuando iba a la universidad aún era el tiempo en el que para llamar a casa tenía que usar una cabina. Leyendo las noticias de la última semana acerca de los planes de Telefónica de despedir al 20% de su plantilla en España en el mismo momento en el que anuncia que sus beneficios han superado los 10.000 millones de euros y que, además, plantea ofrecer a sus directivos unos bonus que suman 450 millones, se me ha vuelto a quedar la misma cara de tonto que cuando la cabina se tragaba mis monedas sin devolverme jamás el cambio.

Y es que el caso de Telefonica es paradigmático y ejemplarizante sobre lo que nos sucede. Su actual presidente, César Alierta, la recibió del Estado de manos de José María Aznar, igual que antes había desarrollado la privatización de Tabacalera, allí aprovechó su información privilegiada para hacer grandes negocios con su mujer y su sobrino; pero como ocurre en España con quien sabe delinquir con estilo, su delito prescribió. De su mano llegó la expansión por Sudamérica de la que nos hizo partícipes a todos los españoles al hacernos descubrir los muchos acentos del castellano que se manejan allí, pues los servicios de atención al cliente están todos deslocalizados al otro lado del Atlántico y si preguntas por el número de un negocio de la península te responde alguien que en su linda plática es incapaz de aclararte nada.

Es también defensor de fantásticas propuestas para internet como acabar con la neutralidad de la red, y suma a sus logros hacer que darse de baja de la compañía resulte tan difícil como apostatar de la Iglesia Católica.

No hay duda de que Telefónica llevará a cabo sus planes, y aunque parezca un escándalo resulta muy útil para desenmascarar esa ingénua idea de que las empresas que generan riqueza sirven para crear empleo; no. Hace tiempo que las empresas quieren multiplicar sus beneficios a costa de lo que sea, incluído el empleo.

La ministra de Economía, Elena Salgado, ha calificado de “inoportuno” el recorte de Telefónica, pero recuerda que la legislación se lo permite, y ese es el problema. Nuestras leyes se han doblegado a los intereses de las corporaciones y el concepto de responsabilidad social les resulta totalmente ajeno, una molestia en realidad. Para redondear lo bien que nos retrata este asunto, los sindicatos mayoritarios de la compañía han acogido la noticia con el estoicismo del que sabe que se va a concretar, principamente, en prejubilaciones para los trabajadores más veteranos; bien por ellos (creo) pero mal para las arcas del Estado y el ejército de mileuristas que vendrá a sustituirlos.

El caso es que, digan lo que digan, esta crisis no tiene nada que ver con el Crack del 29 porque entonces quienes veían llegar la ruina se suicidaban, y ahora los que hundieron a sus compañías se están repartiendo en stock options los fondos públicos puestos a su disposición para reflotarlas. En el caso de España, en realidad, a lo que recuerda es al Desastre del 98, por el descrédito total de las instituciones y agentes sociales, porque envíamos a los mercados nuestros derechos laborales y jubilaciones y volvimos sin ellas y sin honra de paso. Y porque nuestro problema parece económico pero en realidad es que vivimos en el desprecio total de meritocracia, llamando emprendedores a simples trileros de pelotazos, mientras la primera generación políglota y formada de nuestra historia se pudre en la desesperanza.


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